"Imagínese que se tenga una audiencia y una parte no este de acuerdo, la arremeten contra los trabajadores del organismo judicial y que se puede hacer si no hay elementos de la policía nacional civil se complica" así opina Rolando Velasquez trabajador del sindicato del Organismo Judicial de San Marcos sobre la ausencia de las fuerzas de seguridad en 9 municipios del altiplano de San Marcos.
El trabajador del OJ dice que los jueces y todo el personal de los juzgados de paz están expuestos a agresiones y ser tomados fácilmente por rehenes por una turba "en el centro de San Marcos hay guardias del organismo judicial y los que están allá arriba que, completamente desprotegidos" agrega Velasquez.
Otros de los sectores afectados por el retiro de las fuerzas de seguridad es salud, donde también existe el temor que algún trabajador o medico pueda ser agarrado como rehén "vino una delegación de Suecia por unos programas en el altiplano y lo primero que preguntaron fue como estaba la seguridad y esta incidiendo negativamente porque son noticias que salen a nivel internacional" dice Danilo Rodrigues jefe de Área de Salud de San Marcos.
El director de área aseguró que se han suspendido varias capacitaciones con el personal medico y de enfermería por falta de garantías de seguridad "el viernes y el lunes suspendimos una capacitación sobre maternidad que iba a ser impartido por la Organización Mundial de la Salud" indica.
Consultado Carlos Barrios juez del Tribunal de Sentencia de San Marcos sobre lo que se vive desde hace mas de una semana en 9 municipios dijo que " es preocupante, es obligación del estado mantener presencia en todo el territorio de la república y cuando no hay presencia no solo corren riesgo los funcionarios, si no los ciudadanos" indica el operador de justicia.
Barrios afirmó que si las cosas continúan de la misma manera "se puede llegar a que la propia población busquen los mecanismos para solucionar sus problemas y esto no se puede dar en un estado de derecho" aseguro.
Municipalidades, centros educativos, juzgados y la población en general están expuestos a la delincuencia, por lo que se espera que el estado retome el control territorial e imponga la autoridad.
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